DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: CUANDO LA IGUALDAD ANTE LA LEY ES SOLO UN ENUNCIADO VACÍO
La Ley de Violencia de Género en España, al establecer explícitamente que el agresor es un hombre y la víctima una mujer, constituye un paradigma de discriminación legal institucionalizada. No estamos hablando de hechos aislados ni de mala aplicación de la ley: estamos ante un diseño normativo que presupone culpabilidad por sexo, que aplica penas y medidas cautelares exclusivamente a hombres, y que deja sin protección equivalente a las mujeres que pudieran sufrir violencia de pareja en circunstancias similares.
Esta realidad jurídica choca frontalmente con los principios de igualdad proclamados en la Constitución Española. El artículo 14 de la Carta Magna establece que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Sin embargo, la Ley de Violencia de Género viola este principio básico, creando un sistema donde el sexo determina automáticamente quién puede ser protegido y quién puede ser sancionado con mayor rigor. Es decir, la igualdad formal de los ciudadanos se convierte en una igualdad hueca, un enunciado retórico que no se corresponde con la experiencia legal de los varones.
El ordenamiento jurídico español, al permitir que un hombre pueda ser privado de libertad, sometido a medidas cautelares restrictivas y perder temporalmente el contacto con sus hijos sin que exista una condena firme ni un juicio previo, demuestra que los derechos fundamentales de los hombres son condicionales, limitados y vulnerables. Mientras que las mujeres cuentan con protecciones especiales que les garantizan asistencia jurídica, medidas de seguridad y beneficios sociales, los hombres quedan expuestos a un trato legal desigual y a sanciones anticipadas basadas únicamente en su sexo.
En este contexto, hablar de que los hombres en España son “ciudadanos de pleno derecho” resulta una ficción jurídica. La Constitución garantiza derechos, pero el ejercicio efectivo de esos derechos queda condicionado por la letra de las leyes y su aplicación discriminatoria. En la práctica, los hombres no disfrutan de la misma libertad ni de las mismas garantías ante el Estado que las mujeres, y esa desigualdad es estructural y codificada en el propio ordenamiento.
En definitiva, la Ley de Violencia de Género y su encaje en el sistema constitucional español revelan una contradicción interna profunda: un ordenamiento que proclama igualdad formal pero legitima la desigualdad material, sancionando legalmente a los hombres por el simple hecho de ser hombres y otorgando derechos privilegiados a las mujeres. Esto convierte la Constitución y el conjunto del sistema jurídico en un marco que perpetúa la desigualdad y vulnera derechos fundamentales de forma sistemática, demostrando que la igualdad proclamada en el papel no se traduce en igualdad real frente a la ley.
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